Illa contrató a la ‘trama Koldo’ para suministrar mascarillas a 14 comunidades, Defensa e Interior

El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión, en el epicentro de la ‘trama Koldo’, dos lotes de su acuerdo marco para el suministro de mascarillas de tipo FFP2 y FFP3. El importe total de ese acuerdo era de 2.500 millones de euros y el objetivo era agilizar la compra de material sanitario para las comunidades autónomas y otros ministerios. En el caso de los lotes adjudicados a Soluciones de Gestión el material iría destinado a 14 comunidades autónomas, los ministerios de Interior y Defensa y el propio Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad.

En concreto, el primer lote -correspondiente a mascarillas de tipo FFP2- tenía como destino las administraciones de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y el Ingesa. En el segundo, el de las mascarillas FFP3, se incorporó además a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia.

Acuerdo firmado

El expediente, consultado por OKDIARIO, incorpora el documento suscrito, el 22 de diciembre de 2020, entre el INGESA del Ministerio de Sanidad y el representante de la UTE Ferrovial-Soluciones de Gestión.

Desde el primer momento se deja claro que el acuerdo marco «tiene por objeto el suministro de mascarillas de protección», con un plazo de duración de un año, prorrogable otro año más «siempre que se mantengan las circunstancias de emergencia que motivan la contratación».

El documento establece todas las condiciones que tendrá que cumplir la empresa adjudicataria Soluciones de Gestión para la entrega del material, «en los puntos de recepción que se indiquen por las entidades participantes, con cargo a las empresas adjudicatarias». «La empresa adjudicataria del
acuerdo marco se compromete a suministrar el número de unidades que la Administración le vaya solicitando en función de necesidades existentes», se expone. Además, se determinan las penalizaciones por incumplimientos, por ejemplo, en los plazos de entrega.

Al resultar adjudicataria y con vistas a «responder del cumplimiento» del acuerdo marco, Sanidad obligó a la empresa ahora investigada en el caso Koldo a depositar una «garantía» de 38.816,10 euros por uno de los lotes, y otra de 20.747,82 euros, por el otro. En todo momento, el acuerdo se rige por la Ley de Contratos del Sector Público.

Illa lo niega

Según consta en la memoria justificativa del acuerdo marco, Sanidad asumía así la compra centralizada de material sanitario para distribuir entre las comunidades autónomas que lo solicitasen.

«El acuerdo marco se configura en la Ley de Contratos del Sector Público como un sistema para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas», se alega en el expediente. Según Sanidad, «la evolución de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y el riesgo de un posible repunte a partir del próximo mes de octubre, hace necesario adoptar las medidas necesarias para proveer a nuestro Sistema Nacional de Salud, en un marco temporal inmediato, de los medios precisos para dar una adecuada respuesta sanitaria».

Finalmente, el acuerdo marco resultó un fiasco y se contrató una mínima parte del material ofrecido (además de mascarillas, había batas quirúrgicas o guantes de nitrilo, entre otros). Illa asegura que su ministerio no llegó a contratar con Soluciones de Gestión -así lo manifestó hace unos días en el Congreso- pero lo cierto es que, si no lo hizo, fue porque ninguna comunidad autónoma lo reclamó, porque la empresa era un suministrador autorizado por Sanidad.

Además, Salvador Illa reveló en su comparecencia que en aquellos meses de 2020  habló una vez con el ex asesor socialista Koldo García y que lo hizo para remitirle a los técnicos del ministerio de Sanidad. En el Senado, su jefe de gabinete en Sanidad, Víctor Francos, reconoció también este lunes que se vio tres veces con Koldo.